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A finales de los años noventa, Nicaragua da inicio al Servicio de Facilitadores Judiciales, como un mecanismo de apoyo a los jueces locales. El Servicio contribuía a resolver las dificultades que enfrentaba el Poder Judicial en las comunidades más aisladas del país. Entre estas:  los juzgados no podían dar atención con poco personal a todos los municipios a su cargo, el mal estado de los caminos limitaba el traslado de los pobladores desde sus comunidades a un juzgado y la inseguridad de la zona a su vez generaba altos niveles de impunidad.

De esta manera, los facilitadores judiciales se fueron convirtiendo en un mecanismo eficaz para auxiliar a los jueces en diversas tareas, mostrando que eran un puente entre las comunidades y el Poder Judicial.

En marzo de 1997, el Gobierno de la República de Nicaragua solicitó un programa de colaboración técnica al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer el Servicio de Facilitadores Judiciales y apoyar el proceso de paz y democracia. Esta solicitud dio como resultado la suscripción del  Convenio de Cooperación Técnica con la OEA, auspiciado por la Agencia Sueca de Cooperación (ASDI).

Valorando los beneficios obtenidos por esta experiencia en materia de acceso a justicia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  de Nicaragua y la OEA suscribieron el Acuerdo Marco en marzo del año 2002 a fin de consolidar el proceso.

Producto del cumplimiento de los objetivos propuestos y el impacto generado, la CSJ decidió en el marco del Plan Nacional de Justicia 2007-2011, convertir esta experiencia en el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), siendo implementado en todo el país con la asistencia técnica del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la OEA. Los órganos judiciales regulares administran y ejecutan el Servicio financiado por fuentes nacionales y cooperación externa.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Reino de los Países Bajos suscribieron el Convenio de Cooperación en el año 2009 para apoyar el establecimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en áreas urbanas y sub-urbanas.

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Nicaragua logró una cobertura total de los municipios del país en junio de 2013c con una red de 2,796 facilitadores judiciales y una cuota de participación femenina del 37%.

Actualmente, el Servicio en este país se encuentra en etapa de consolidación, ha cumplido con la cobertura en todo el territorio nacional e inicia a densificar la cantidad de facilitadores judiciales por municipio.

Normativa de los facilitadores judiciales

La normativa referente a los facilitadores judiciales se encuentra respaldada en los siguientes órganos legales:

  • Ley No. 641. Código Penal, Nicaragua, Managua, 13 de noviembre de 2007.

 ARTÍCULO N. 563 

  • Ley N. 406. Código Procesal Penal , Nicaragua, Managua, 24 de diciembre de  2001. 

ARTÍCULO N. 56.-

ARTÍCULO N. 57.

ARTÍCULO N. 423.- Reforma.

  • Acuerdo N.  234. Reglamento de Facilitadores Judiciales, Nicaragua, Managua, 25 de noviembre de 2002.
  • Ley N. 854. Reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, Nicaragua, Managua 29 de enero de 2014. 
  • Capitulo V Poder Judicial

ARTÍCULO 160

Para más información referente a la normativa de los facilitadores judiciales en Nicaragua visitar la sección de recursos.

Puede leer más sobre el Poder Judicial de la República de Nicaragua y el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en el Siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp