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viernes 24 abril, 2015

Cápsula Penal: Facilitadores judiciales para la justicia penal

La creación de la figura del facilitador judicial constituye una excelente y adecuada herramienta para el sector justicia penal dominicano. Con la incorporación al sistema penal del facilitador judicial se evitaría el colapso de la justicia penal dominicana.

El origen del facilitador judicial se encuentra en la Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (AG/RES. 2768, XLIII-O/13), en la cual reconoció que con el facilitador judicial se fortalece el sistema nacional de administración de justicia, contribuye a prevenir el delito y la violencia, promueve una cultura de resolución pacífica de conflictos de relevancia jurídica y reduce la judicialización de la conflictividad.

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) surge a finales de los años noventa como apoyo a los jueces locales en comunidades aisladas. Al convertirse en una metodología eficaz y demostrar a la población que el facilitador es un puente entre la comunidad y el Poder Judicial, este servicio empezó a implementarse en las zonas rurales y urbanas. Desde 2007, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos OEA, se ha desarrollado la iniciativa de los facilitadores judiciales en varios países de Latinoamérica.

En la actualidad existen más de siete mil facilitadores y facilitadoras en siete países de la región, en la provincia de Corrientes, Argentina; Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

Dentro de las funciones del facilitador judicial se encuentran las siguientes: Auxilian a los jueces en trámites, se les encarga entregar citaciones, hacer peritajes, efectuar mediaciones previas. Difunden leyes y normas cívicas entre la población de manera directa y accesible. Asesoran a la población en una amplia gama de trámites y procedimientos. Acompañan a efectuar diversos trámites a la población que lo solicita. Auxilian a la población, fiscales, defensores y otros operadores de justicia y coordinan acciones con los Gobiernos municipales.

El beneficio para el país se traduce en que reducen la conflictividad, incentiva la participación ciudadana, mejora la seguridad ciudadana y contribuye a reducir la pobreza.

En cuanto a la ciudadanía, hay más acceso a la justicia, brinda información sobre sus deberes y derechos, disminuye la violencia y establece las relaciones personales y comunitarias.

Los beneficios para los tribunales penales con la implementación de los facilitador judicial es que este permite el descongestionamiento de los juzgados, acerca a los jueces a las comunidades, reduce costos por caso resuelto y mejora la relación Poder Judicial y la población.

Por su lado, el facilitador tiene la oportunidad de capacitarse en leyes y funcionamiento del Estado, existe un reconocimiento de la comunidad y de sus autoridades, se fortalece su liderazgo y se empodera de un compromiso social.

El facilitador tiene como institución que lo dirige y coordina al Poder Judicial y es electo por su comunidad o barrio. En algunos casos es nombrado por el juez local o un juez de Paz. La capacitación es supervisada por el juez local o juez de Paz y otros operadores de justicia. Su competencia se limita a la comunidad o barrio donde tenga asentado su domicilio, atienden en su casa, en horas no laborales y están subordinando al juez local o juez de paz.

Ojalá nuestra Suprema se anime a crear este excelente programa que ha dado beneficio a los pueblos que lo han adoptado. Hasta la próxima Cápsula Penal.

 

Fuente:

Zdigital

http://www.z101digital.com/app/article.aspx?id=155415